Si remar en la incertidumbre fuera deporte olímpico, el probable que la Argentina batiese todos los récords. Decimos que “es probable” porque en cualquier proyección local siempre hay que dedicar un generoso espacio a la incertidumbre. La Resolución 30/2020, publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero, suspendió varios aspectos relacionados con la reglamentación de la Ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, volviendo a sumir en la incertidumbre a una industria como la del Software que, en la Argentina, abarca unas 5.000 empresas y que esperaba exportar hacia 2030 unos US$ 15.000 millones, creando además 250.000 puestos de trabajo. Como la Ley 27.506, aprobada en el Congreso en mayo pasado, no es exclusiva de la industria del Software, a ese vertical se suman otras actividades como producción y postproducción audiovisual, biotecnología, ingeniería genética, servicios profesionales para exportación, nanotecnología e industria aeroespacial y satelital, que completan un scope de 11.000 potenciales beneficiarias, a las que ahora no les queda otro remedio que esperar las nuevas definiciones.
En concreto, la resolución 30/2020 designa como Autoridad de Aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, creado por la Ley N° 27.506, a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, quedando facultada para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento del mismo. Adicionalmente, suspende los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al citado régimen hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente.
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